Unos paran, otros dialogan
La resolución del Plenario del Consejo de la Magistratura de otorgar un aumento salarial del 10 por ciento generó la reacción de los gremios que nuclean a los trabajadores de la Justicia porteña con diferentes efectos.
La Asociación de Empleados del Poder Judicial de la Ciudad (AEJBA) convocó a un paro total de actividades sin concurrencia a los lugares de trabajo para este viernes 19 de marzo, en protesta "a la decisión insuficiente, arbitraria y unilateral adoptada por el plenario del Consejo de la Magistratura el pasado jueves 11 de marzo, de otorgar un 10 por ciento de aumento, sin antes haberlo discutido en la Mesa de Discusión Salarial con las entidades representativas de trabajadores judiciales y estableciendo un porcentaje de incremento muy lejano al 25 por ciento de recomposición salarial oportunamente planteado" por el gremio.
Según informó AEJBA mediante un comunicado de prensa, "además de la cuestión salarial, los trabajadores judiciales también reclaman por condiciones dignas de trabajo, y se manifiestan en contra de la violencia laboral y en contra de las medidas arbitrarias y unilaterales, dictadas a espaldas de los trabajadores" e "instan al Consejo a que convoque urgentemente a la mesa de discusión salarial".
Pero mientras AEJBA organiza y convoca a un paro total, la seccional Ciudad de Unión de Empleados de la Justicia de la Nación anunció que no se sumará al paro ya que se encuentra desarrollando un plan de negociaciones para mejorar las condiciones de los trabajadores judiciales, no sólo en lo salarial.
"Pese a la actitud de algunos Consejeros ratificada con la firma del 10 por ciento aún antes de la incorporación de dos representantes de los magistrados, estamos convencidos de que, nada puede dañarnos más, a quienes integramos el poder judicial de la ciudad que 'patear el tablero' sin intentar arribar a consensos y que los Consejeros y cabezas de Ministerios Públicos reconozcan a los trabajadores como interlocutores válidos y necesarios", subrayaron desde La Unión.
Los puntos que buscarán tener respuesta incluyen la "incorporación al básico del adicional por función otorgado a funcionarios y magistrados, y su extensión a todo el personal, o bien, la incorporación del 10 por ciento adicional antidiscriminación, mediante un presentismo que respete la totalidad de las licencias reglamentarias". También plantean la "baja de la antigüedad para el cobro por permanencia en el cargo, de 5 a 3 años para funcionarios y de 3 a 2 años para empleados", y la unificación escalafonaria.
Según informó la secretaria General de la Sección Nº 2, Cecilia González, mediante un comunicado, "la semana próxima nos reuniremos con los Consejeros Patricia López Vergara y Santiago Otamendi, dos representantes de los magistrados. "El resto de los Consejeros aún no ha respondido al planteo, esperamos alguna señal de seriedad y respeto en estos días, ya que somos pacientes, y siempre privilegiamos el diálogo", expresó.
"Estamos profundamente preocupados, por el 'silencio de radio' guardado sobre el conflicto más grave en la historia de los derechos de los trabajadores judiciales, generado con la sanción del Nuevo Reglamento de Ministerio Público (Aprobado por Res. nº 18/09 MP) que, atropellando las Constituciones Nacional y Local, los tratados internacionales vigentes, las acordadas del O.I.T., la legislación laboral y la reglamentación aún vigente, eliminó aún el derecho al horario y la carga horaria de trabajo y la feria judicial, imponiendo un sistema caótico en el que convivirían 3 reglamentos, y aún el propio Ministerio Público dos ?por la imposibilidad de aplicar las reformas negativas a los trabajadores que ya son parte del poder Judicial-", remarca La Unión.
Finalmente y tras destacar la apertura de canales de diálogo con el Defensor General y el Fiscal General, y señalar que aún "esperamos respuesta de la Asesora Tutelar General que, hasta el momento ha guardado silencio", desde el gremio liderado por Julio Piumato afirmaron a NU que "si las negociaciones fracasan tomaremos medidas de fuerza más drásticas que un paro un día viernes, cuyo único resultado puede ser una limosna para festejar con un cartel que hace peligrar las posibilidades de una negociación real".