La defensa concluyó su alegato

La defensa de Aníbal Ibarra arremetió con todo. Los abogados del suspendido Jefe de Gobierno Julio Strassera, Julio Golodny y Fernando Castejón no dejaron tema librado al azar y contestaron cada uno de los alegatos vertidos por la acusación. Si bien Strassera se dedicó a reiterar las críticas vertidas repetidamente contra la Comisión Especial de Cromañón y la Comisión Investigadora de la Sala Acusadora, Golodny y Castejón atacaron –básicamente- el fondo de la cuestión con las infaltables chicanas que fueron comunes durante todo el proceso.

Strassera fue el encargado de abrir y finalizar el alegato. El abogado aseguró que "las consideraciones políticas y jurídicas hasta aquí desarrolladas muestran con total evidencia que el juicio promovido en contra de Aníbal Ibarra carece de contenido alguno. Viciado en sus orígenes, constituye la muestra más palmaria acerca de cómo una herramienta constitucionalmente prevista puede ser desnaturalizada hasta convertirla en un mero instrumento de hostigamiento político".

Asimismo, sostuvo: "Tamaño desatino ni siquiera pudo ser sostenido por los acusadores, repárese que el período por el cual se lo pretende enjuiciar concluye en diciembre de 2004 sin hacer mención alguna a lo ocurrido con posterioridad a esa fecha. Es más, las políticas arbitradas por nuestro defendido durante el 2005 son tomadas por los fiscales como los parámetros de excelencia para desacreditar lo hecho con anterioridad sin advertir burdamente que ambas gestiones pertenecen a un único Jefe de Gobierno. Los juicios políticos no son para castigar. Para eso está la justicia, y hasta ahora ni siquiera citó al Jefe de Gobierno".

Y agregó: "Las pruebas recogidas en esta audiencia son la muestra evidente de que el cargo de mal desempeño atribuido a Aníbal Ibarra no es otra cosa que la excusa política utilizada por la 'derecha' y otros sectores para intentar ganar una posición que el voto popular les negó y todo ello usando de la peor manera el sincero dolor de cientos de personas".

Para concluir Strassera expresó: "Señores jueces la responsabilidad que a ustedes le corresponde es extraordinariamente alta como para maniobras políticas, obvias, evidentes y de bajo vuelo puedan torcer el curso de una decisión que debe ser ejemplar, ratificando y asegurando para siempre la estabilidad de nuestras instituciones y el respeto por la soberanía del pueblo".

Los abogados de Ibarra también aseguraron: "No se puede ejercer el derecho de defensa cuando no existe una acusación debidamente formulada que describa de manera clara, precisa y circunstanciada los hechos que se atribuyen al funcionario imputado. No existió una acusación que reuniera esos requisitos, no sólo porque no se obtuvieron los 30 votos necesarios sino porque bajo el difuso cargo de 'mal desempeño' se pretendió dar cobijo a otros títulos no menos imprecisos. Mal desempeño por sí solo no significa nada o, lo que es peor, puede significar todo".

Asimismo, manifestaron: "La falta de precisión de los cargos llevó a que las preguntas y discusiones a las que nos condujeron los acusadores, no tuvieran ningún límite. Se preguntó cualquier cosa y sobre cualquier cosa. Por ejemplo: si el vallado policial fue correcto, si hubo suficientes bomberos, la conveniencia de utilizar tratamientos con 'cámara hiperbárica' o cómo debe funcionar un equipo de ventilación. Como si la vara para medir las funciones de un Jefe de Gobierno fueran las de haber sido un buen policía, un buen bombero, un buen médico, un buen electricista o un buen arquitecto. A la manera de las antológicas parodias de Charles Chaplin discutimos aquí a Aníbal Ibarra, a Aníbal policía, a Aníbal bombero, entre otros personajes, y ni siquiera estas dos últimas reparticiones dependen del Gobierno de la Ciudad".

En tanto, afirmaron que "los cambios operados en los distintos organismos y áreas destinadas a la habilitación, verificación y control de las actividades comerciales en el ámbito de la Ciudad es la muestra más evidente de la preocupación y energía política con que el Jefe de Gobierno buscó mejorar la situación existente".

Y añadieron: "Muchos de los episodios puntuales que se proclamaban como imputables a Ibarra tenían su origen en decisiones administrativas previas y aún lejanas a que el Jefe de Gobierno se hiciera formalmente cargo de sus funciones. Por ejemplo: Cromañón, por entonces denominado 'El Reventón' fue habilitado el 1 de agosto de 1997, tres años antes de que Ibarra asumiera al cargo por primera vez. En el afán de acusar a Ibarra fueron traídos a consideración por los fiscales problemas en el funcionamiento de locales de Costanera Norte. Debieron haberse sonrojado al menos, porque uno de los fiscales era funcionario del Gobierno en el cual se permitieron algunos de esos funcionarios y de esas construcciones".

También dijeron que "las mal denominadas 'alertas institucionales' que invocaron los fiscales cuantas veces pudieron, son la prueba más evidente de la sinrazón de su tesis acusatoria, toda vez que aquellas nunca fueron dirigidas al Jefe de Gobierno sino que tenían por destinatarias a las dependientes administrativas competentes en las respectivas materias y que eran las que efectivamente ejercían el poder de policía. Las mal denominadas alertas no eran más que pedidos de informe o recomendaciones emanadas de organismos externos al Poder Ejecutivo. En ningún caso llegaba hasta el Jefe de Gobierno. El Jefe de Gobierno jamás obstaculizó el tratamiento que debía dársele a este tipo de solicitudes".

Por último, los abogados expresaron: "No desconocemos que también se escucharon en estas audiencias las manifestaciones de familiares de algunos familiares de las víctimas que plantearon su insatisfacción frente a la respuesta brindada por el Gobierno de la Ciudad. Pero insatisfacción frente a la respuesta brindada por el Gobierno de la Ciudad. Pero resulta incomprensible que después de lo que pasó, después de arrojarse casi 200 bengalas y pirotecnia en un lugar cerrado, después de que se cerraran las puertas con candados, después de la pasividad de la comisaría 7ª, después de las coimas a los oficiales de esa dependencia policial, se les eche la culpa de las muertes a los médicos. Es demasiado e injustificable".

Luego de dos horas de alegato -y estando Ibarra ya presente en la Legislatura acompañado por su padre- los fiscales hicieron una breve réplica al igual que la defensa que pareció un tema de Pimpinela. Las segundas partes nunca son buenas y eso quedó demostrado.